Silvia Trujillo / laCuerda

Aunque el derecho a la vivienda está reconocido en la Constitución Política de la República, el déficit habitacional es alto. No es posible establecer la cantidad exacta de viviendas que hacen falta porque persiste la debilidad en la gestión de información, pero, de acuerdo con el informe 2019 del Procurador de Derechos Humanos, se estima que alrededor de 1 millón 600 mil personas no cuentan con un lugar digno para vivir. Agrega que el déficit cuantitativo, es decir la ausencia de vivienda, es de 340 mil 500.74 mientras que el déficit cualitativo, o sea las viviendas que no cumplen con la seguridad y condiciones adecuadas, es de un millón 28 mil 931. Este déficit aumentó 2.4 por ciento en 2019, en relación con la proyección realizada en 2018, y seguirá incrementándose como consecuencia del desempleo que ha generado la pandemia por Covid-19 y el impacto de las tormentas Eta e Iota en el país.

Déficit habitacional

No sólo se refiere a la ausencia de vivienda, sino a todas las carencias referidas a los lugares donde vive la población, así como al entorno. Para calcularlo es importante tomar en cuenta lo anterior y el crecimiento demográfico, los daños a consecuencia de desastres, así como en la actualidad, la pandemia por Covid-19 que ha generado incremento en altas tasas de desempleo y pérdida de remesas.

El Estado no ha sido garante del derecho a la vivienda

Margarita Valenzuela, integrante de la Asociación Coordinadora Nacional de los Pobladores de Áreas Marginadas de Guatemala (ACONAPAMG), luchadora por más de 25 años en torno al derecho a la vivienda y criminalizada por esa lucha, explica que la demanda de una vivienda digna es histórica en el país, y la respuesta ha sido y sigue siendo absolutamente insuficiente, lenta y viciada en sus procesos.

La Ley de Vivienda, decreto 09-2012, aprobada luego de cinco meses de acampe de las y los pobladores frente al Congreso de la República, estipula en su articulado que se debe estimular la construcción social de viviendas, así como priorizar a los sectores más vulnerables, y enfatiza la necesidad de focalizar la atención en “la mujer sostén de la familia, en las acciones de fomento y apoyo, otorgándoles el apoyo crediticio y de subsidio” (Artículo 43, inciso E). El contenido de esta ley -según Margarita Valenzuela– no soluciona el problema de raíz porque hace que el déficit se resuelva con lógica de mercado, debido a que para poder ser beneficiada con el subsidio, la persona o familia debe contar con un terreno donde construir; o si, por el contrario, se ven favorecidas con el programa de obtención de lote propio, luego no tienen fondos para construir.

Los montos que el Fondo Para la Vivienda (FOPAVI) entrega oscilan entre Q20 mil a Q35 mil, dependiendo de las necesidades, pero, afirma Valenzuela: “por el tráfico de influencias y la corrupción, el dinero termina en constructoras que no construyen las casas”. Agrega: “A nosotras, cada vez que hay un proyecto, nos ponen trabas, que falta una tilde, una coma o un punto, y todo para que los procesos no avancen, la gente que no tiene los recursos no logra terminar nunca con los trámites”.

La institucionalidad beneficia a las empresas constructoras

En 2015, Plataforma Urbana, una organización mixta que acompaña esta demanda en San Juan Sacatepéquez, Chinautla, el municipio de Guatemala y Villa Nueva, ingresó a FOPAVI 200 expedientes para que personas de esos cuatro municipios pudieran resolver el problema de su vivienda. Seis años después, ninguna de esas familias lo ha logrado. Ángela Alvarado vive en Ciudad Quetzal, es parte de Plataforma Urbana y tiene una larga trayectoria como defensora.

“En mi comunidad ya en 2014 éramos 90 familias las que nos sumamos a la lucha por la vivienda, la mayoría, mujeres”, comenta. “Fuimos a FOPAVI, la gente invirtió en papelería para que los expedientes estuvieran listos y los entregamos. Fuimos y venimos muchas veces, llamábamos y nos decían que siguiéramos esperando, que no había dinero para hacer los estudios socio-económicos. En 2016, de las 90 familias, 43 logramos juntar el dinero e hicimos ese estudio porque pensamos que con eso se iba a facilitar la obtención del subsidio. Empezamos nuevamente a insistir para que nos aprobaran la entrega de fondos, pero todo ha sido en vano, ninguna familia se ha visto beneficiada”.

Ángela es enfática a la hora de afirmar que en la ley y el reglamento interno de FOPAVI “todo funciona para beneficiar a los empresarios, pero no a la gente pobre”. La población está desprotegida frente a los abusos de las constructoras, en muchos casos, narra Ángela, la gente se endeuda comprando un lote, luego no lo pueden pagar y pierden todo porque las empresas los desalojan.

Marta Julia Flores, fundadora de Plataforma Urbana y educadora popular, ha acompañado durante años la demanda de la población de Villa Nueva, por lo cual conoce la situación de precariedad en la que viven las personas. “En FOPAVI nos dijeron que priorizáramos a las familias de alto riesgo, lo hicimos, pero nos han dado atol con el dedo, seguimos esperando, primero se vencieron los expedientes y nunca nos respondieron”.